UGT EXIGIRA LA DIMISION DEL MINISTRO DE JUSTICIA SI NO RETIRA, INMEDIATAMENTE LAS ENMIENDAS A LA LOPJ QUE ANIQUILAN DERECHOS COSTOSAMENTE CONSEGUIDOS.
El autoritarismo de este ministerio no tiene límites. Su inoperancia, tampoco. Es incapaz de agilizar y modernizar la Justicia, dotándola de medios materiales y humanos suficientes que den una respuesta eficaz a los retos que se le plantean, pero es capaz de concitar, por unanimidad, el descontento y la reprobación de todos los colectivos judiciales.
En el 2015, con la reforma de la LOPJ operada por la Ley 7/2015, se cargó nuestra promoción interna, reduciendo del 50 al 30 % las plazas destinadas a la misma. En ese mismo año firmó un Acuerdo, publicado en el BOE, que ha incumplido ampliamente con una desfachatez inigualable. Mantiene la privatización de competencias de los registros civiles en manos de registradores y notarios, siendo incapaz de llegar a un acuerdo de mínimos con otros grupos políticos para preservar el destino del Registro Civil, con su implantación actual, en el ámbito de la Administración de Justicia. Los déficits de la nueva oficina judicial y del expediente digital son alarmantes. Su falta de capacidad para la negociación de los temas importantes que nos interesan y para la gestión ordinaria, hieren la inteligencia. Con este ministerio sólo hay una evidencia: la recuperación de derechos y la mejora de nuestras condiciones de trabajo ( como los no descuentos en las situaciones de IT, la mejora de nuestras retribuciones, el optimizar los sistemas de provisión de puestos, perfeccionar y facilitar la selección de ingreso y la promoción profesional , instaurar la carrera profesional,…..), no le interesan. .
Y si lo anterior no es suficiente sufrimiento, nuestro inefable ministro nos quiere rematar con su apisonadora legislativa. Su reforma de la LOPJ, planteada, al dictado, por su grupo parlamentario con un golpe de autoritarismo sin precedentes, quiere liquidar nuestros derechos de negociación y empeorar y deteriorar, aún más, nuestras condiciones de trabajo.
Lo que inicialmente iba a ser, en palabras del Director General, manifestadas en la reunión de la Mesa Sectorial de Negociación del pasado 23 de febrero, una mera reforma técnica de mejora de la LOPJ, ocultándonos su contenido real, se ha convertido, para nuestro colectivo, en una de las agresiones más graves que hemos sufrido. Sin dar cuenta a los representantes de los trabajadores de la felonía que se pretendía, el grupo parlamentario popular presentó, el pasado 27 de febrero, cuatro días después de la reunión de la Mesa Sectorial, con un fin de semana en medio, una batería de 50 enmiendas a la proposición de ley, de folio y medio, tomada ya en consideración por una muy amplia mayoría del arco parlamentario, que pretendía, inicialmente, restaurar los tres días de asuntos particulares que se nos arrebató con el Decretazo-Rajoy del 2012 y otros derechos arrebatados y exigidos, también , por jueces y fiscales.En estas 50 enmiendas nadie encontrará nada que mejore nuestras condiciones de trabajo. Al contrario, y en lo que nos afecta, sólo encontrará la plasmación jurídica de un deseo, el del dueño del cortijo: los funcionarios judiciales sólo tienen obligaciones, y una especial, la de obedecer.
Lo que pretenden, nada más y nada menos, es:
• Reducir, aún más, en la Nueva Oficina Judicial, nuestros centros de destino. El nuevo centro de destino es la localidad o municipio, ni las UPADs, ni los servicios comunes procesales, ni las unidades administrativas,…., SÓLO LA LOCALIDAD o MUNICIPIO, con lo que la movilidad voluntaria, la elección de destino tras superar las oposiciones, en los concursos de traslado, en las peticiones de comisiones de servicio,, adscripciones, redistribuciones, etc,…, queda reducida al municipio o localidad, y en ésta, quedamos a merced de la voluntad de los “superiores jerárquicos”, funcionales y orgánicos, y a la movilidad forzosa de donde nos quieran mandar.
• Se introduce y reafirma el viejo sueño de los responsables de este ministerio de implantar los “tribunales de instancia”, que ahora se llaman “secciones judiciales de instancia”, “como forma colectiva de organización del trabajo”, según ellos, y que pretende centralizar las sedes judiciales, poniendo en peligro la planta territorial actual de los partidos judiciales, reduciendo los mismos, lo que podría provocar traslados de personal de unas localidades a otras. Asimismo se refuerzan las posibilidades deincrementar el número de jueces adscritos a los órganos judiciales, eso sí, sin que ello implique el incremento paralelo de las plantillas de funcionarios judiciales. La propuesta incluye que una misma UPAD pueda estar al servicio de varias de estas Secciones de Instancia.
• Se refuerza la estructura jerárquica en los LAJ, reforzando, a su vez, su “ dirección funcional” , además de la técnico procesal, sobre el personal del centro de destino que tengan encomendados, con lo que se abrirá, de nuevo, la discrecionalidad y el mercadeo de “favores” de compensación entre funcionarios obedientes o displicentes y los visados de permisos, elección de períodos de vacaciones, etc,…… Relacionado y unido con lo anterior es sorprendente la reversión de competencias en los expedientes disciplinarios que pretende el ministerio (quitándosela a las CC.AA. con competencias), asumiendo las competencias de instrucción y sanción en determinadas faltas graves (elegidas muy a conciencia) y todas las faltas muy graves, lo que modificará, probablemente, la elección de los Instructores de esos expedientes, que en muchas administraciones son funcionarios de la Administración General, y no LAJ, jueces o fiscales. Asimismo se introducen propuestas muy singulares sobre procesos selectivos en los que no se ocupan todas las plazas ofertadas.
En definitiva, propuestas que diezman nuestros derechos y que exigen una respuesta contundente de oposición a las mismas: movilizaciones unitarias (incluida la huelga), gestionar y conseguir la oposición de los grupos parlamentarios del Congreso y Senado para que no prospere estas iniciativas, aprovechando que no tienen la mayoría absoluta, etc,.. …., y reprobar al Ministro de Justicia, exigiendo su dimisión, si no da marcha atrás en la reforma planteada.
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