El miércoles 24 de octubre, los 31 diputados del PP, PSOE. Podemos, Compromis y el PNV, que integran la Comisión de Justicia del Congreso, con los votos en contra de los 3 diputados de Ciudadanos y las 2 abstenciones de los de ERC y el PD- CAT, han aprobado el informe sobre la Proposición de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del PoderJudicial, de reforma parcial del régimen de permisos y licencias.
En esta reforma de la LOPJ, que pasará al Pleno del Congreso la próxima semana, y después al Senado, se recuperan los 3 días de asuntos particulares ( hasta completar los 9) que nos arrebataron en la reforma de la LOPJ del 2012, pero también se recogen modificaciones de nuestro régimen jurídico, propuestas ya en febrero de este año por el ex-ministro Catalá y su grupo parlamentario, en sus 50 en- miendas, que trituran algunos de los derechos más importantes que tenemos.
Los intereses partidistas del PSOE, PODEMOS, COMPROMIS Y EL PNV, por conseguir determinadas aspiraciones en la reforma del CGPJ, ha permitido que algunas de las 50 enmiendas del ex-ministro, aniquilen nuestros derechos.
Los 31 diputados del SÍ a la reforma, por los “denarios” del CGPJ han vendido y sacrificado a los funcionarios judiciales, olvidándose de nuestras reivindicaciones: la recuperación del 50 % de las plazas de la OEP para la promoción interna, la eliminación de las referencias a los descuentos por la IT del art. 504 de la LOPJ, instaurar la carrera profesional, la mejora de nuestras retribuciones por las nuevas res- ponsabilidades introducidas por el expediente digital y el acceso a las bases de datos, la regulación de las comisiones de servicio y las sustituciones verticales y horizontales, el optimizar los sistemas de provisión de puestos, perfeccionar y facilitar la selección de ingreso y la promoción profesional , instaurar la carrera profesional, etc,.…).
Los 31 diputados, y la actual Ministra, con su pasividad e inoperancia, han sido cómplices del autoritarismo del ex-ministro Catalá, y en lugar de adoptar medidas para agilizar y modernizar la Justicia, dotándola de medios materiales y humanos suficientes que den una respuesta eficaz a los retos que se le plantean, han aprobado una re- forma de la LOPJ que, en lo que nos afecta directamente, liquida nuestros derechos de negociación y empeora y deteriora nuestras condiciones de trabajo, convirtiéndose, para nuestro colectivo, en una de las agresiones más graves que hemos sufrido. El contenido de la reforma, que afecta a la esencia de nuestras condiciones de trabajo, jamás se ha llevado a la Mesa Sectorial de Negociación, incumpliendo, con ello, el artículo 37.1 del Estatuto Básico del Empleado Público. Parece mentira que los responsables de la legalidad incumplan la legalidad tan descaradamente.
En el contenido de la reforma que se pretende, y a salvo de la recuperación de los tres días de asuntos particulares, nadie encontrará nada que mejore nuestras condiciones de trabajo. Al contrario, y en lo que nos afecta, sólo encontrará la plasmación jurídica de un deseo, dar una vuelta de tuerca más para degradar nuestros derechos.
Lo que pretenden, nada más y nada menos, es:
• Reducir, aún más, en la Nueva Oficina Judicial, nuestros centros de destino. El nuevo centro de destino, ahora es el MUNICIPIO, ni las Upads, ni los Servicios Comunes Procesales, ni las Unidades Administrativas,…., SOLO EL MUNICIPIO, con lo que la voluntad en la elección de destino tras superar las oposiciones, en los concursos de traslado, en las peticiones de comisiones de servicio, adscripciones, etc,…, queda ahora, a merced de la voluntad de los “superiores jerárquicos”, funcionales y orgánicos, y a la movilidad forzosa de donde nos quieran mandar dentro del municipio , por lo que el escalafón salta por los aires y ya no sirve para nada en las reordenaciones o redistribuciones de efectivos.
• Se introduce y reafirma el viejo sueño del ex-ministro Catalá en implantar los “órganos colegiados en los órganos unipersonales”, que antes les llamaban “tribunales de instancia””, “como forma colectiva de organización del trabajo”, incluyendo que una misma UPAD pueda estar al servicio de varias de estas Secciones de Instancia. Y que el nombramiento de los jueces de refuerzo no conlleve el nombramiento de funcionarios de refuerzo. O sea, muchos jefes y pocos “indios”.
