Tras el éxito de la manifestación del pasado 11 de abril, el Ministerio de Justicia ha convocado a las centrales sindicales, con carácter urgente, a la constitución formal de la primera mesa de trabajo sobre el Registro Civil.
A esta mesa de negociación ha asistido, por primera vez, el Director General de los Registros y del Notariado, que ha intentado justificar, con argumentos peregrinos, las bondades de la privatización del Registro Civil, insistiendo, otra vez más, en su supuesta gratuidad. Para UGT, la privatización del Registro civil es injustificable. Asimismo, el Director General, ha acusado a los medios de comunicación de manipular y mentir en sus informaciones sobre el coste que tendrá para el ciudadano.
Desde el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT hemos denunciado, reiteradamente, ante el propio ministerio y ante la opinión pública, que este cambio en el modelo de gestión de los registros civiles tiene su causa en una cuestión ideológica y en la defensa de determinados intereses económicos, sin importarles, lo suficiente, la desaparición de los 3.500 puestos de trabajo que se integran en los mismos. UGT y el resto de los sindicatos presentes en la mesa de negociación hemos mostrado nuestra más rotunda oposición al cambio de modelo de gestión del Registro Civil, a su privatización. Desde UGT, hemos insistido en que las negociaciones que se puedan establecer deben centrarse, únicamente, en cómo mejorar el servicio público estatal que prestan los registros civiles, asumiendo que los mismos deben seguir en el ámbito de gestión directa del Ministerio de Justicia y contar con el trabajo, la experiencia y la excelente profesionalidad de los trabajadores de los distintos cuerpos de la Administración de Justicia que desempeñan sus funciones en ellos.
Los representantes del Ministerio de Justicia han mostrado su disposición al diálogo, pero eso sí, siempre dentro de los parámetros de la privatización, lo que nos lleva a sospechar que la finalidad de esta, aparente y repentina, voluntad negociadora de la Administración es la de desactivar las acciones y movilizaciones iniciadas y conseguir la paz social, primero, hasta las elecciones municipales y autonómicas y, tras ellas, hasta el 15 de julio, y después, “ si te he visto, no me acuerdo”.
