El Ministro Gallardón, se sale con la suya, entregando la llevanza del Registro Civil a los Registradores Mercantiles, mediante Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio.
Una vez más, demuestra su despotismo al llevar a cabo una privatización de un servicio público, obviando a todos los operadores jurídicos, que se postularon en contra de esta decisión. Y cual apisonadora, ha pasado por encima de los trabajadores y sindicatos de la Administración de Justicia, al adoptarla sin diálogo ni negociación alguna.
Desde el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, denunciamos que esta privatización, provocará la destrucción de miles de puestos de trabajo en la Administración de Justicia, así como graves perjuicios en la movilidad y promoción de los funcionarios de esta Administración.
El Registro Civil, pasa a manos, de una figura extraña de funcionarios públicos, pues sus registros son empresas privadas. Y una empresa privada, busca beneficios. ¿Cómo y hasta cuándo van a prestar este servicio de forma gratuita?
El Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, se opone también, a que recaiga sobre ellos la llevanza del Registro Civil, pues no están dispuestos a asumir el coste del mismo. Y desde el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT nos preguntamos ¿qué calidad va a tener a partir de ahora? ¿Qué trato recibirá el ciudadano? Cuando se impone a un colectivo la prestación de un servicio.
El Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, exige la retirada inmediata de esta decisión, así como la convocatoria de una negociación sobre el Registro Civil.
Para UGT el Registro Civil debe seguir siendo público y gratuito, y servido por los Funcionarios de la Administración de Justicia, como únicos garantes de los datos de la vida privada de los ciudadanos de este país. De no ser así, adoptaremos las medidas de presión necesarias para conseguir este objetivo.
