La Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos (FeSP) de UGT se ha reunido, junto a CCOO y CSIF, con el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro para
plantearle las prioridades en materia de negociación colectiva para 2017. Al término de la reunión, el secretario general de la FeSP-UGT, ha mostrado un cierto optimismo en relación a los posibles acuerdos que se puedan alcanzar con el Gobierno
y sobre todo, en los cauces en que puedan concretarse las reivindicaciones de UGT. Montoro ha afirmado que las relaciones laborales van a ser “bien diferentes”; UGT ha reivindicado que sea en la Mesa General de Negociación donde se tomen las
decisiones en materia de empleo público y no a golpe de decreto
como fue costumbre en la pasada legislatura. Las administraciones -ha
señalado Lacuerda- tienen que recuperar una mayor capacidad organizativa
que les permita retomar de una manera más
justa su compromiso como empleadores.
UGT ha
planteado como prioridades la recuperación salarial; los sueldos de los
públicos para 2017 deberían crecer por encima del IPC y recuperar a lo
largo de la legislatura el poder adquisitivo perdido
en los últimos 5 años (en torno al 13%).
Otro asunto que el
Gobierno debe solventar sin demora es la alta temporalidad existente en
las administraciones. En el Sistema Nacional de Salud, 170.000
trabajadores se mantienen en situación de interinidad,
un 35% del total de la plantilla. En educación pública, uno de cada
cuatro docentes de enseñanza no universitaria es interino. Y la
Administración de Justicia también sufre una alta temporalidad.
En este sentido,
una vez conocidas las sentencias del Tribunal europeo sobre el derecho a
indemnización tras su cese de empleados públicos con contrato de
interinidad, entendemos que es necesario que se
realicen las modificaciones legales pertinentes para adaptar el
ordenamiento jurídico español a la directiva europea, así como para que
el Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP) recupere muchas de las
cuestiones que han sido modificadas o suprimidas unilateralmente
en perjuicio de los empleados públicos.
La destrucción de
empleo en el sector, la precariedad y el envejecimiento de las
plantillas son igualmente puntos fundamentales en la agenda de
negociación. UGT considera imprescindible que antes de cerrar
los Presupuestos Generales del Estado para 2017, el Gobierno asegure el
mantenimiento de los servicios públicos garantizando una tasa de
reposición del 100% y unas políticas de empleo público que mejoren la
prestación de éstos a la ciudadanía.
Actualmente, las
políticas restrictivas del Gobierno, la congelación de la tasa de
reposición y unas Ofertas de Empleo Público escasas y mal enfocadas, han
contribuido a una situación difícilmente sostenible
debido al envejecimiento de las plantillas..
También creemos
que ha llegado el momento de negociar la Ley de Función pública de la
AGE que regule asuntos tan importantes como el desarrollo de la carrera
profesional vertical y horizontal, la evaluación
del desempeño.
Por otra parte, la
jornada de 35 horas semanales en las Administraciones debería
implantarse con carácter básico en todas las comunidades autónomas.
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