En la víspera de la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para 2015, el Gobierno ha convocado la Mesa de Función Pública como un mero trámite para informar a las organizaciones sindicales de aspectos de lo que ya nos habían informado los medios de comunicación. Una vez más, el Gobierno sortea in extremis la legalidad vigente: convoca la Mesa, pero la vacía de sentido.
Con la Negociación Colectiva rota desde el año 2010, el Gobierno saca adelante unilateralmente sus decisiones y vuelve a cargar contra los tres millones de empleados públicos congelándoles el salario por quinto año consecutivo. El Gobierno sigue destruyendo empleo público reduciendo a mínimos la OPE (la tasa de reposición pasa del 10 al 20%, pero solo en servicios esenciales: sanidad, educación, agentes fiscales para la lucha contra el fraude, fuerzas de la seguridad del Estado...) y otorga como si fuese una prebenda un porcentaje mínimo de la paga extra de Navidad que eliminó en 2012, la parte devengada, un derecho ya reconocido por los Tribunales a lo largo del año 2013 y 2014.
UGT ha denunciado en esta Mesa de Negociación, que los servicios públicos han sufrido durante estos años un grave deterioro en sus servicios a la ciudadanía, producido, en gran medida por la destrucción de empleo en todas las Administraciones, exigiendo en la Mesa de Negociación que se elimine el tope del 10% de la tasa de reposición de empleo público como una vía para acabar con esta situación. Especialmente en la Administración de Justicia, pues aquí la tasa de temporalidad es elevadísima, y ello no implicaría ningún quebranto para las arcas del Estado, pues todas las plazas vacantes están ya presupuestas. Y convocar una OEP de verdad, y con reconocimiento de la experiencia y profesionalidad, sólo sería positivo para la Administración y para los trabajadores, eliminando la temporalidad y la inseguridad para los miles de funcionarios interinos.
En cuanto otras medidas adoptadas por el Gobierno, como la devolución de algunos “días de libre disposición”, consideramos claramente insuficiente y hemos reclamado la restitución a los empleados públicos de la totalidad de los derechos suprimidos por el Ejecutivo (moscosos, canosos, acción social).
UGT se hace eco de las palabras de Antonio Beteta, Secretario de Estado para las Administraciones Públicas, quien adelantó que la economía ofrecía los “mimbres” adecuados para compensar a los empleados públicos los sacrificios impuestos en los ejercicios presupuestarios anteriores.
Desde la FSP-UGT denunciamos que lo que ofrece el Gobierno a los empleados públicos desacredita el discurso del presidente del Gobierno acerca de la recuperación, porque "no hay subida salarial y los sacrificios que nos pidieron en su momento no han sido compensados todavía. El PP habla del mantenimiento del poder retributivo, un eufemismo para decir que no hay recuperación económica".
En cuanto a la tasa de reposición, tenemos que decir que "de cada 100 empleos públicos, el Gobierno destruye el 80”.
La devolución anunciada de la paga extra es otra manera de vender humo. El Gobierno rompe el principio de equidad, ya que muchos empleados públicos ya han percibido la parte devengada tras las sentencia favorables de Tribunales de toda España"
Desde este sindicato exigimos la devolución íntegra de la paga extraordinaria de navidad de 2012, suprimida por el Gobierno del Partido Popular y que supuso una pérdida de salario a los empleados públicos cifrada en el 7%. Recortes y 6 años consecutivos de congelación supondrían una pérdida de poder adquisitivo de más del 25% desde 2010.
Desde la FSP-UGT lamentamos además, que haya sido la Directora General de Función Pública quien haya presidido la Mesa, rebajando el nivel del encuentro sin la presencia del Secretario de Estado, que sigue sin dar la cara ante los representantes de los trabajadores.
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