Ante la medida del Gobierno del PP, aprobada en Consejo de Ministros del
pasado viernes, y publicada en el BOE ( Real Decreto-Ley 8/2014, de 4
de julio), acordando la entrega de la llevanza del Registro Civil a los
Registros Mercantiles, es decir, su privatización.
El Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, no permanecerá impasible, pues esta organización sindical siempre ha apostado por los Servicios Públicos y de calidad, así como la potenciación de los mismos como no puede ser de otra manera, en un Estado social y democrático de derecho.
Por tanto, el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, llevará a cabo todas las acciones y movilizaciones necesarias para exigir su retirada a partir del mes de septiembre.
Pero además, este Sindicato, ha comenzado sus contactos con los Grupos Parlamentarios a fin de interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad que frene esta privatización.
También ha presentado propuesta a los distintos Grupos Parlamentarios de la oposición, para que cuando la actual mayoría parlamentaria cambie, derogar la norma que contiene está privatización, y proceder a aprobar una nueva norma que vuelva a integrar el Registro Civil como un servicio público, y servido por los funcionarios de la Administración de Justicia.
Igualmente, estudiaremos y adoptaremos aquellas iniciativas necesarias para que vía judicial se frene la privatización del Registro Civil.
No obstante, este Sindicato de no conseguir el objetivo de privatización del Registro Civil y la retirada del Real Decreto-Ley, a través de los medios que el Estado de Derecho nos ofrece, adoptará de manera consensuada con los funcionarios de la Administración de Justicia, la medida más contundente con la que cuentan los representantes de los trabajadores como medida de presión y disuasión de las políticas privatizadoras de este Gobierno.
El Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, no permanecerá impasible, pues esta organización sindical siempre ha apostado por los Servicios Públicos y de calidad, así como la potenciación de los mismos como no puede ser de otra manera, en un Estado social y democrático de derecho.
Por tanto, el Sindicato de Justicia de la FSP-UGT, llevará a cabo todas las acciones y movilizaciones necesarias para exigir su retirada a partir del mes de septiembre.
Pero además, este Sindicato, ha comenzado sus contactos con los Grupos Parlamentarios a fin de interponer el correspondiente recurso de inconstitucionalidad que frene esta privatización.
También ha presentado propuesta a los distintos Grupos Parlamentarios de la oposición, para que cuando la actual mayoría parlamentaria cambie, derogar la norma que contiene está privatización, y proceder a aprobar una nueva norma que vuelva a integrar el Registro Civil como un servicio público, y servido por los funcionarios de la Administración de Justicia.
Igualmente, estudiaremos y adoptaremos aquellas iniciativas necesarias para que vía judicial se frene la privatización del Registro Civil.
No obstante, este Sindicato de no conseguir el objetivo de privatización del Registro Civil y la retirada del Real Decreto-Ley, a través de los medios que el Estado de Derecho nos ofrece, adoptará de manera consensuada con los funcionarios de la Administración de Justicia, la medida más contundente con la que cuentan los representantes de los trabajadores como medida de presión y disuasión de las políticas privatizadoras de este Gobierno.
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