En la reunión de la Comisión de Temporalidad y Empleo de la AGE, se nos ha dado traslado de la Oferta de Empleo Público 2014 para la Administración de Justicia.
Este año únicamente va a ver convocatoria para el Cuerpo de Secretarios Judiciales. El número de plazas que se ofertarán será 160, correspondiendo 152 al turno de promoción interna y turno libre, y 8 al turno de personas con discapacidad.
Esta propuesta ha sido realizada por el Ministerio de Justicia al Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas.
Una vez más UGT denuncia y se opone a esta oferta de empleo público ridícula, que discrimina a los demás Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia. Ya que por segundo año consecutivo no se convocan plazas para los demás Cuerpos, vulnerando así el Ministerio de Justicia, nuestro derecho a la carrera profesional y la posibilidad a los miles de interinos de esta Administración a obtener una plaza fija que acabe con su precariedad e inestabilidad.
Es inaceptable que una Administración que tiene un elevadísimo número de interinidades, pues las cifras que manejamos son de unos 12.000 puestos (según la propia Función Pública) lleve dos años sin convocar una autentica Oferta de Empleo Público para todos los Cuerpos.
Y UGT se pregunta, ¿por qué nuestro Ministerio no ha sido capaz de hacer una auténtica propuesta de OEP? Pues el número de plazas vacantes es elevadísimo y estas plazas están ya presupuestadas, por tanto no conllevarían ningún incremento económico para la Administración. O realmente, esto se debe a una maniobra del Ministerio para tener las manos libres de cara a amortizaciones y reordenaciones a su antojo y capricho ante las privatizaciones que quieren implementar, y que supondrán el desmantelamiento de esta Administración.
UGT rechaza y no negociará esta OEP 2014 dirigida sólo a Cuerpos Directivos, pues parece que obedece a una estrategia del Gobierno de reforzar los Grupos A1 y A2 de la Administración General del Estado en detrimento de los demás Cuerpos. Y así tener la excusa perfecta para poder comenzar una externalización o privatización de las funciones administrativas, a través del descredito de los empleados públicos de estos Cuerpos.
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